Entre los numerosos “decretazos” llevados a cabo por el Gobierno Rajoy, se ha anunciado la futura reforma de la interrupción voluntaria del embarazo, para hacer menos permisiva la legislación en esta materia. El ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, considera que “lo que hace auténtica a la mujer es la maternidad”, y en pos de este ideal parece haberse propuesto convertir en auténticas a todas las mujeres, siguiendo los preceptos de un perfeccionismo moral nada tolerable.
Parece haber olvidado el ministro de Justicia que la actual Ley Orgánica 2/2010, aprobada por el Gobierno de Zapatero, y la consecuente reforma del Código Penal (LO 10/1995) no fue un auspicio del socialismo «en contra de las creencias y la fe», sino que fue un mandato de la Unión Europea. Mediante la Resolución 1607/2008 del Consejo de Europa, (y el debate generado por el Informe McCafferty), se cambió la naturaleza jurídica del aborto en los Estados miembros, pasando de ser un supuesto despenalizado del Código Penal, a un derecho de la mujer.
La actual legislación permite la interrupción del embarazo, siempre previo dictamen e información médica, en tres supuestos:
- A petición de la embarazada dentro de las primeras 14 semanas de gestación;
- que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada dentro de las 22 primeras semanas de gestación;
- que existan graves anomalías en el feto, sin límite temporal.
Se suprime así el requisito de probar el posible daño psicológico para la madre, como sucedía con la anterior ley, que obligaba a mujeres víctimas de abuso sexual a alegarlo.
El derecho al aborto choca con el derecho a la vida, y en consecuencia es preciso tener en cuenta consideraciones morales que deben ser tratadas con sensibilidad, puesto que pueden llevar a poner en una balanza qué es lo que pesa más: el derecho a la autodeterminación, la libertad moral y la actual vida de la madre o la futura vida del feto.
Pero más allá de las consideraciones filosóficas, la Ley tiene que atender a la realidad social, y la realidad es que, tal y como establece el informe del Parlamento Europeo redactado por Anna Hedh, el someter el aborto a mayores restricciones no reduce el número de mujeres que abortan, sino que empuja a estas a acudir a médicos clandestinos o curanderos, sin garantías para su integridad física ni psíquica.
La Ley debe ser garante de la libre autodeterminación de las personas y del libre desarrollo de la personalidad, por ello el Estado debería procurar información y no discriminación, mediante la educación, en lugar de adoptar la actitud paternalista del que intenta inculcar su propia fe a sus hijos menores de edad.
(Clara Cobos Martìn)
