El pasado 20 de abril la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Ana Mato anunció la aprobación por Consejo de Ministros de un Real Decreto mediante el cual los inmigrantes verán limitado el acceso a los servicios sanitarios públicos españoles.
La ministra parece considerar que no todos somos tan iguales ante la ley, y es que mediante esta reforma, los derechos humanos sólo serán fundamentales para los españoles, suprimiendo así la universalidad declarada en la Carta de Derechos Humanos de 1948.
La reforma de la Ley Orgánica 4/2000, según la cual “los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas” (artículo 14.3), conllevará que todos los extranjeros no residentes en España sólo podrán acceder a los servicios de urgencias y maternidad, dejando sin cobertura sanitaria a todas aquellas personas que necesiten tratamientos por enfermedades de larga duración, crónicas o incurables, tales como el cáncer o el sida.
Tal medida encuentra diversas explicaciones según sus defensores. En primer lugar, suprimir el “turismo sanitario”, es decir, todos aquellos extranjeros que vienen a España sólo para disfrutar de tratamientos sanitarios gratuitos. En segundo lugar, evitar que aquellos que no pagan impuestos no disfruten los beneficios del Estado del Bienestar que éstos sustenta. Por último, el Gobierno prevé que esta media permitirá ahorrar más de 7.000 millones de euros.
Sin embargo, según el CSIC, los extranjeros acuden al médico una media de 4,7 veces al año frente a las 8,3 veces que acuden los españoles. Además, la legislación tributaria relativa a los impuestos indirectos (aquellos que recaen sobre el consumo, como el IVA) no hace diferencia entre españoles y extranjeros a la hora de hacer surgir el hecho imponible, y respecto a los impuestos directos, tales como el IRPF, cabe destacar que dicha población contaría con una renta tan baja, que en lugar de pagar les saldría “a devolver”.
Y cabe preguntarse qué coste tendrá para la sanidad española el no curar enfermedades o lesiones leves, sino tener que curarlas en estadios avanzados, cuando las personas “sin papeles” se vean obligados a acudir de urgencia, además del coste que tendrá que se multipliquen el número de casos de enfermedades altamente contagiosas como la tuberculosis, por no haberlas controlado a tiempo.
Pero todos estos argumentos dejan al margen las consideraciones evidentes de justicia y equidad de una sanidad universal, y es que parece ser que, si los inmigrantes no residentes o sin papeles no acuden al médico, los españoles saldremos de la crisis económica mundial, y hoy en día, tal fin justifica cualquier medida.
(Clara Cobos Martìn)
