Italia avanza contra la tortura

En 1984 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes.

Dicho Tratado internacional fue ratificado por España en 1987, y por Italia en 1989.

El Tratado establece una definición de tortura, y de los derechos clave susceptibles de protección en relación con la tortura. Además crea el Comité contra la Tortura, una figura de control internacional compuesta por expertos, que bajo el consentimiento de los Estados en cuestión puede realizar visitas y recibir informes.

El Tratado internacional contra la Tortura: firmado por Italia y España a finales de los ’80

En base al tratado se protege el derecho a no recibir tratos crueles que causen dolor, físico o psicológico, por parte de una autoridad pública. Pero también se protege el derecho a perseguir a los torturadores, a no ser devuelto (refouler) o extraditado a un Estado donde se corra peligro de ser víctima de tortura, el derecho a obtener una compensación justa y a ser protegido de las represalias, y el derecho a ser protegido conforme a la legislación penal de cada Estado parte.

En 2002 se firmó el Protocolo Facultativo a la Convención contra la tortura como instrumento que pondría en práctica los organismos y procedimientos independientes de prevención y control de la tortura en los Estados parte de la Convención.

En España se creó en 2006 la figura del Defensor del Pueblo

Dicho Protocolo fue depositado por España en 2006 y dio lugar a la creación de la figura del Defensor del Pueblo.

Un Tratado Internacional es un acuerdo vinculante entre los Estados parte. Sin embargo, puede ocurrir que los Estados no estén dispuestos a asumir todas las obligaciones para las que fue concebido el tratado. Nace así la figura Protocolo Facultativo, que como su nombre indica, es discrecionalidad del Estado firmarlo o no. Así cuando un Estado como Italia firma la Convención contra la tortura, pero no firma el Protocolo facultativo, no asume las obligaciones recogidas en el mismo, aunque haya firmado el tratado principal.

En este caso, las obligaciones establecidas por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura son, principalmente, el establecimiento de visitas periódicas por un Sub-comité contra la tortura a los lugares de detención, y la presentación de informes confidenciales. Además, establece la obligación de crear organismos nacionales de prevención y control de la tortura.

Italia avanza contra la tortura: firmado un Protocolo

Es ahora, en 2012, cuando Italia firma este Protocolo. Con el depósito del Protocolo el Estado italiano ha asumido la obligación de crear un organismo nacional independiente que vele por los derechos de los detenidos y de las personas que se encuentren en cualquier situación de privación de libertad.

Los ordenamientos jurídicos democráticos reivindican por sí mismos la creación de estas figuras. Sin embargo, el derecho internacional encuentra dificultades a la hora de hacerse respetar ya que debe contar con la aquiescencia de Estados soberanos, es por tanto deseable que los ciudadanos encuentren la defensa de sus libertades en el seno de sus propios Estados y que acudan a la vía internacional como último recurso.

En Italia esto no es posible hasta que no se cree el injusto penal de tortura, que es una obligación establecida en el artículo 2.1 de la Convención.